Por Bruno Cortés
La violencia contra las mujeres y niñas sigue siendo uno de los problemas más graves en México, y esta semana, la diputada Alma Lidia De La Vega Sánchez de Morena presentó una propuesta de reforma a la Ley General de Salud con el fin de garantizar que las víctimas de violencia de género reciban una atención sanitaria adecuada y con perspectiva de género.
La iniciativa busca llenar un vacío legal que, hasta hoy, ha dejado sin cobertura a muchas mujeres y niñas que sufren violencia, y lo hace de una manera estructural y profunda. De La Vega Sánchez propuso reformas a varios artículos clave de la Ley General de Salud, incluidos los artículos 3, 6, 7, 13, 27 y 51 bis. El objetivo es que la violencia de género sea considerada un tema prioritario en el sistema de salud y que su atención se realice con un enfoque que combine derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad e interseccionalidad. Es decir, que no solo se considere el daño físico que sufren las víctimas, sino también las diversas realidades sociales y culturales que influyen en la violencia que padecen.
La diputada explicó que esta reforma es necesaria porque actualmente el sistema de salud no tiene un marco específico para la atención de niñas y mujeres víctimas de violencia. “Hasta ahora, no existen disposiciones claras en la Ley General de Salud para garantizar que las mujeres víctimas de violencia reciban atención médica integral y especializada”, señaló.
Uno de los datos más impactantes que la diputada compartió fue que, en 2022, 32,171 niñas, niños y adolescentes de entre 1 y 17 años recibieron atención médica en hospitales de todo México por haber sido víctimas de violencia familiar. Esta cifra refleja la magnitud de un problema de salud pública que necesita ser abordado de manera urgente y con políticas claras y efectivas.
La Organización Mundial de la Salud ha advertido sobre los graves efectos que la violencia de género tiene sobre la salud de las mujeres. Las afectaciones físicas van desde fracturas, lesiones craneales hasta discapacidades graves. Además, las consecuencias emocionales y psicológicas son igualmente devastadoras e incluyen trastornos como el suicidio, el dolor crónico, trastornos gastrointestinales, problemas reproductivos como embarazos no deseados, complicaciones durante el embarazo y abortos espontáneos. Esta realidad exige una respuesta contundente, no solo en términos de salud física, sino también en la integración de políticas de prevención y atención que reconozcan y traten la violencia de género como un problema de salud pública.
Con esta iniciativa, Alma Lidia De La Vega Sánchez busca establecer que la prevención y atención de la violencia de género sea un tema prioritario dentro de los servicios de salud en México. Además, propone que todos los servicios de salud —ya sean públicos o privados— que trabajen con víctimas de violencia de género, adopten protocolos de atención con perspectiva de género y de acuerdo con los estándares internacionales de protección.
Para que estas políticas sean efectivas, De La Vega Sánchez subraya que no se debe ver la prevención y atención de la violencia como esfuerzos aislados, sino como parte de una política pública integral que, desde el Estado, impulse el bienestar de las mujeres y niñas en todo el país.
En este sentido, la reforma establece que las instituciones de salud no solo deben tratar de manera inmediata a las víctimas de violencia, sino también incorporar un enfoque preventivo en todos sus programas de atención. Esto significaría que, en cada nivel de atención médica, desde los primeros auxilios hasta el seguimiento a largo plazo, la violencia de género se aborde de forma integral, brindando a las mujeres y niñas una atención adecuada, respetuosa y eficaz.
La propuesta ya fue turnada a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para su dictaminación, y se espera que sea debatida en los próximos días. Si se aprueba, podría marcar un antes y un después en la forma en que el sistema de salud mexicano responde a las víctimas de violencia de género, garantizando que tengan acceso a atención médica de calidad y con los enfoques adecuados para su recuperación física y emocional.
