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En una conferencia matutina desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, instó el viernes pasado al Poder Legislativo y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a llevar a cabo una exhaustiva revisión de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Según el mandatario, la urgencia de esta revisión radica en la distribución actual de los fondos de dichos fideicomisos, con la intención de que, en caso de aprobarse una reforma, estos recursos ya no estén disponibles.
«Según entiendo lo que están llevando a cabo es que ya se están repartiendo los fondos del fideicomiso, para que cuando se lleve a cabo la reforma, si es que se aprueban, ya no tenga dinero», declaró López Obrador durante la conferencia.
El presidente señaló que la responsabilidad de determinar la legalidad de esta distribución recae en primer lugar en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero enfatizó que es crucial la acción inmediata del Poder Legislativo para evitar posibles dilaciones que podrían extenderse por años.
«A ellos les corresponde saber si es legal que estén repartiendo los fondos, a lo mejor es legal, que utilicen esos fondos para los trabajadores del Poder Judicial, pero si no lo es, pues tiene que intervenir el Poder Legislativo. Que se pronuncien, si es válido, si es legal o no», puntualizó López Obrador.
El presidente también lanzó críticas contra altos funcionarios del Poder Judicial por la percepción de altos salarios y prestaciones. En este sentido, mencionó que aunque algunas prácticas podrían ser legales, también podrían considerarse inmorales, especialmente en lo que respecta a los fondos destinados a jueces, magistrados y ministros.
La discusión sobre los fideicomisos del Poder Judicial no es nueva. En octubre del año pasado, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de decreto para extinguir 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, por un monto superior a los 15 mil millones de pesos. Sin embargo, esta medida fue suspendida dos meses después por el ministro Javier Laynez Potisek, quien admitió a trámite acciones de inconstitucionalidad presentadas por senadores y diputados de oposición.
La decisión de Laynez Potisek evidenció la división en el Congreso, con votos favorables y en contra tanto en la aprobación inicial como en la subsiguiente suspensión de la medida. Esto refleja la complejidad y la sensibilidad del tema, que sigue siendo objeto de debate y análisis en el ámbito legislativo y judicial del país.
En resumen, la urgencia planteada por López Obrador subraya la necesidad de clarificar la situación de los fideicomisos del Poder Judicial, asegurando transparencia y legalidad en el uso de los recursos públicos, mientras persiste el debate sobre las decisiones legislativas y judiciales que definirán el futuro de estos fondos.