Por Bruno Cortés
Imagina que vives en un país donde cada peso que pagas de impuestos se utiliza para mejorar tu vida y la de tu comunidad, donde la corrupción no tiene cabida y los funcionarios públicos trabajan de la mano con la ciudadanía. Eso es precisamente lo que busca lograr el diputado Ricardo Mejía Berdeja con la propuesta de crear la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. En un país como México, donde la desconfianza en las instituciones ha sido un problema persistente, esta nueva secretaría podría ser el primer paso hacia un cambio real.
El diputado del Partido del Trabajo (PT) ha sido claro: esta secretaría, que sustituiría a la Secretaría de la Función Pública, no solo es un cambio de nombre, sino un cambio de enfoque. Mejía Berdeja asegura que el objetivo es garantizar que los recursos públicos se usen de manera efectiva y que la ciudadanía esté activa en el proceso, algo fundamental para que todos sientan que tienen voz y voto en la administración de su país.
Junto a esta propuesta, se han anunciado otras dependencias que también suenan interesantes, como la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Todo esto forma parte de una estrategia más amplia que busca modernizar la gobernanza en México, y que ha sido impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Uno de los puntos más destacados de esta propuesta es la designación de Raquel Buenrostro como la encargada de la nueva secretaría. Mejía Berdeja no escatima en elogios hacia ella, señalando su profesionalismo y honestidad, características que serán cruciales para el éxito de esta dependencia.
La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno no solo será un nuevo organismo; su misión será prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción. Esto se alinea con la política de austeridad de la Cuarta Transformación, que busca un gobierno más eficiente y transparente. Mejía Berdeja también ha enfatizado que habrá una política de cero tolerancia hacia cualquier práctica deshonesta. Eso significa que si alguien intenta aprovecharse del sistema, habrá consecuencias.
Para llevar a cabo esta ambiciosa tarea, la nueva secretaría colaborará con instituciones clave como la Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación. Juntos, formarán un equipo que tiene como meta fortalecer los controles contra la corrupción, una de las principales demandas de la sociedad mexicana.
El contexto no podría ser más relevante. Con casos recientes como el de Genaro García Luna, un exfuncionario que fue sentenciado por corrupción, la necesidad de una reforma profunda en la administración pública se hace más evidente. Mejía Berdeja argumenta que, si esta nueva secretaría se aprueba, comenzará operaciones en enero de 2025, con un objetivo claro: erradicar la corrupción en la gestión pública de una vez por todas.
Así que, si todo sale como se espera, podríamos estar ante un nuevo amanecer en la política mexicana, donde la confianza en las instituciones regrese y donde cada ciudadano pueda sentirse parte activa de un gobierno más transparente y responsable. ¿Estaremos finalmente ante un cambio que muchos han estado esperando por años? Solo el tiempo lo dirá.
