La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha resuelto hacer públicos los nombres de los funcionarios del órgano administrativo de Prevención y Readaptación Social, en respuesta a una solicitud de información respaldada por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y posteriormente impugnada por el gobierno de México.
El pleno de la SCJN revisó el recurso de revisión 3/2023, en materia de seguridad nacional, presentado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal contra la resolución RRA 6339/22-BIS del INAI. Esta resolución, emitida el 20 de septiembre de 2023, exigía la entrega de información sobre el personal administrativo del órgano de Prevención y Readaptación Social, excluyendo aquellos que desempeñan funciones sustantivas.
El INAI, basándose en el principio de transparencia y derecho a la información pública, determinó que prevalecía el interés público sobre la protección de datos personales de los funcionarios, ordenando así la divulgación de los nombres.
El gobierno federal, a través de la Consejería Jurídica, objetó esta decisión argumentando que la divulgación comprometía la seguridad nacional y violaba la protección de datos personales.
El Ministro Luis María Aguilar Morales, con la colaboración de los secretarios Oliver Chaim Camacho y Mauricio González Alcántara, supervisó el caso. La SCJN confirmó la resolución del INAI, argumentando que la divulgación de los nombres no comprometía la seguridad nacional por tres razones principales.
Primero, destacó que los funcionarios en cuestión se ocupan de tareas administrativas y legales, no directamente relacionadas con el funcionamiento de los Centros Penitenciarios Federales ni con la seguridad y gobernabilidad de los mismos.
Segundo, señaló que algunos de los datos ya son de conocimiento público, como el nombre y fotografía del Comisionado de Prevención y Readaptación Social, publicados en la página oficial de la Secretaría de Gobernación.
Finalmente, la SCJN resaltó que los datos de otros funcionarios también están disponibles en la página oficial de la Secretaría de Gobernación.
Esta resolución marca un paso importante en la promoción de la transparencia en el sistema penitenciario mexicano y en el equilibrio entre la protección de datos personales y el derecho a la información pública.
