Por Juan Pablo Ojeda
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrá este martes una de sus sesiones más cruciales al debatir un proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que propone invalidar varias disposiciones de la reforma al Poder Judicial. Este proyecto, que genera gran expectación, plantea que la Corte está plenamente facultada para resolver las impugnaciones en las que se cuestione la constitucionalidad de las reformas judiciales impulsadas por el gobierno federal.
El proyecto que está sobre la mesa incluye varias modificaciones que podrían transformar significativamente la reforma judicial promovida por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y que ha sido respaldada por el Congreso. Entre las principales disposiciones que se pondrán en discusión, el ministro propone eliminar la elección por voto popular de los jueces y magistrados de Distrito, aunque mantendría la elección de los ministros de la SCJN y de los magistrados electorales.
Uno de los puntos más controversiales de la reforma es la propuesta de remoción masiva de jueces y magistrados, lo que, según el ministro González Alcántara Carrancá, podría afectar profundamente la estabilidad del sistema judicial federal. En su entrevista con Joaquín López-Dóriga, el ministro advirtió que este tipo de reformas podría resultar en un debilitamiento del Poder Judicial y en una alteración de la política judicial a nivel nacional.
Además, el proyecto del ministro González Alcántara Carrancá también busca eliminar la figura de los jueces sin rostro, una de las medidas que había sido introducida en la reforma judicial para proteger la seguridad de los jueces y magistrados ante amenazas de crimen organizado y otros actores. La eliminación de esta figura podría ser vista como un retroceso en los esfuerzos por blindar a los operadores del sistema judicial.
El ministro destacó que su propuesta es «larga, fundamentada y ofrece una alternativa distinta», lo que implica que debe ser discutida a fondo, sin apresuramientos. González Alcántara advirtió que, si la resolución de la Corte resulta desfavorable para el Ejecutivo y el Legislativo y si ambos poderes deciden no acatarla, podría producirse un «rompimiento del orden constitucional» con consecuencias tanto dentro del país como en su relación con la comunidad internacional.
De acuerdo con el ministro, una eventual negativa a acatar la sentencia podría desencadenar una crisis de constitucionalidad grave, que no solo afectaría la confianza en el Estado de Derecho, sino que también generaría repercusiones políticas tanto dentro del país como a nivel internacional. La discusión que se dará en la SCJN será, por tanto, un testimonio de la fortaleza de las instituciones democráticas en México, y el fallo podría marcar un hito en la relación entre los diferentes poderes de la República.
Este debate de la SCJN se lleva a cabo en un contexto de creciente polarización política, donde tanto el Ejecutivo como diversos sectores del poder judicial han mostrado opiniones encontradas sobre la reforma judicial, lo que hace aún más relevante la decisión que tomará el máximo tribunal del país.
