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CDMX a 20 de agosto, 2024.- La presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, ha salido al paso de las críticas y protestas en torno a la reforma al Poder Judicial, asegurando que esta no afectará los derechos laborales de los trabajadores. En una entrevista reciente, Rivera subrayó que aunque los trabajadores del Poder Judicial tienen derecho a manifestarse, no pueden paralizar el funcionamiento de los juzgados, tribunales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues esto afectaría a otras personas que también tienen derechos.
Rivera enfatizó que las protestas actuales son parte de la resistencia de aquellos que, desde una posición de privilegio, se oponen a los cambios propuestos en la reforma. Según la senadora, existe una desinformación entre los trabajadores del Poder Judicial, ya que la reforma no trastoca en lo absoluto sus derechos laborales. Este malentendido ha generado tensiones, pero Rivera sostiene que la reforma es necesaria para democratizar el Poder Judicial y acercarlo al pueblo a través del voto popular.
La senadora también abordó la polémica sobre la representación y la resistencia que se vive en el país, señalando que algunos grupos parlamentarios, que no cuentan con el respaldo del voto popular, están en contra de las mayorías que el pueblo eligió. En este sentido, Rivera destacó que estos grupos están intentando romper las reglas en un momento crucial para la política nacional.
En cuanto a su futuro político, Ana Lilia Rivera expresó su deseo de seguir contribuyendo desde el Senado, enfocándose en la aprobación de reformas constitucionales en el próximo periodo ordinario de sesiones. Además, reveló su intención de presidir una de las Comisiones más importantes del Senado, aunque no descartó la posibilidad de ser ratificada en la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, donde ya cuenta con una amplia experiencia.
Rivera reafirmó su compromiso con el trabajo legislativo y con los cambios necesarios para mejorar la justicia y la democracia en México, siempre defendiendo los derechos de todos los mexicanos, incluidos los trabajadores del Poder Judicial.