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CDMX a 9 de julio de 2024.-La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), dirigida por Ernestina Godoy, ha sido señalada por realizar intervenciones de geolocalización de teléfonos celulares en 48 mil ocasiones sin contar con la autorización de un juez. Esta práctica, revelada recientemente, ha suscitado una ola de críticas y preocupaciones sobre la posible violación de derechos y el uso excesivo de la vigilancia.
Según informes, estas intervenciones no han llevado a la resolución de delitos, lo que sugiere que la FGJCDMX podría haber incurrido en una práctica innecesaria e injustificada. La falta de resultados tangibles en la resolución de casos plantea dudas sobre la eficiencia y la legalidad de estas medidas.
El uso de la tecnología de geolocalización sin la debida autorización judicial representa una grave preocupación en términos de privacidad y derechos civiles. Expertos en derechos humanos y defensores de la privacidad han expresado su alarma ante este tipo de acciones, señalando que el acceso a la información de ubicación de los ciudadanos sin una orden judicial es una clara transgresión de las garantías individuales establecidas en la Constitución.
Este escándalo coloca a la FGJCDMX bajo la lupa, con llamados a una mayor transparencia y rendición de cuentas en sus operaciones. Organizaciones civiles y ciudadanos han exigido una investigación exhaustiva para determinar la magnitud del uso indebido de la geolocalización y para implementar medidas que prevengan futuras violaciones de privacidad.
La gestión de Ernestina Godoy enfrenta ahora el desafío de responder a estas acusaciones y de demostrar que las acciones de la Fiscalía se alinean con los principios de legalidad y respeto a los derechos humanos. La confianza pública en las instituciones de justicia depende de la capacidad de estas para operar dentro del marco legal y proteger los derechos de los ciudadanos.
En un contexto donde la seguridad y la privacidad son temas de creciente preocupación, es imperativo que las autoridades adopten prácticas responsables y transparentes. El caso de la FGJCDMX resalta la necesidad de un equilibrio entre la lucha contra el crimen y la preservación de los derechos fundamentales de los individuos.