Por Bruno Cortés
En medio de una intensa discusión en el Congreso, la diputada Olga Sánchez Cordero, del partido Morena, dejó clara la importancia de abordar con seriedad el tema de la inimpugnabilidad de las reformas a la Constitución. En palabras sencillas, esto significa que si se aprueba esta reforma, será más difícil cuestionar los cambios que se hagan a la ley fundamental del país. Sánchez Cordero enfatizó que, para entender este asunto, hay que diferenciar entre varios tipos de procesos legales: el juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad.
La diputada explicó que no es lo mismo un amparo, que es un recurso que un ciudadano puede presentar si siente que se han violado sus derechos, que una controversia constitucional, que generalmente involucra a autoridades y debe seguir reglas específicas que la Constitución establece. En su intervención, hizo hincapié en que el Poder Judicial no debería intervenir de manera sustantiva en los cambios que se realicen a la Constitución, ya que, según los precedentes, el amparo no permite revisar en profundidad estas reformas, aunque sí establece cómo deben llevarse a cabo.
Sánchez Cordero también señaló que, desde que se introdujeron las controversias constitucionales, se ha considerado que estas no son el medio adecuado para impugnar las reformas constitucionales. Esto se debe a que no hay un «sujeto pasivo» que se pueda demandar, lo que complica aún más la situación.
Además, la diputada trajo a colación un punto interesante sobre el derecho internacional de los derechos humanos. Habló de cómo existe una interacción entre el derecho constitucional y este tipo de normativas, buscando construir un orden legal que fortalezca los derechos humanos en un contexto más plural. La idea es romper con la visión tradicional de soberanía y, a nivel internacional, hacer que los derechos humanos sean parte fundamental de las constituciones.
Finalmente, Sánchez Cordero sugirió que esta reforma busca recuperar el poder soberano que se ha visto limitado en las últimas décadas, promoviendo un modelo de «ingeniería constitucional» que permita al pueblo de México tomar las riendas de su propio futuro. Esto, sin duda, abre la puerta a una discusión más amplia sobre cómo se deben manejar los derechos y las reformas en nuestro país.
La conversación está lejos de terminar, y será crucial seguir de cerca cómo se desarrolla este tema, ya que las decisiones que se tomen hoy tendrán un impacto significativo en la manera en que se legisla y se protegen los derechos de todos los mexicanos.
