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Este lunes, el Sistema Integral para el Desarrollo de las Familias (DIF) entregó oficialmente las llaves de acceso a la plataforma del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias a los poderes judiciales de los estados. Serán los jueces locales en materia familiar quienes inscribirán a los deudores alimentarios a través de sus sentencias.
El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias es una herramienta crucial para difundir los nombres de las personas con adeudos en el pago de pensiones alimentarias. Aquellos que aparezcan en este registro enfrentarán restricciones significativas, como la imposibilidad de ocupar cargos públicos o de elección popular, y la incapacidad para tramitar licencias de conducir o pasaportes, entre otros.
Recientemente, la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación retiró la constancia de mayoría a Luis Carballo, un candidato a diputado en el distrito 23 del Estado de México, debido a su inscripción en este registro por adeudos en pensiones alimentarias. Este precedente subraya la importancia y las consecuencias de estar incluido en el registro.
La directora nacional del DIF, Nuria Fernández, destacó la entrega de las llaves de acceso a esta plataforma durante un evento en la Escuela Judicial del Estado de México. La plataforma permitirá conocer la cantidad y ubicación de los deudores alimentarios, con el objetivo de reducir la morosidad en el pago de pensiones para niñas, niños, adolescentes y otros grupos vulnerables.
Alejandro Cárdenas, director jurídico del DIF, subrayó que el registro es un mecanismo legal para garantizar el derecho a recibir alimentos, resultado de una lucha liderada por mujeres y madres que buscan recursos suficientes para las necesidades básicas de sus hijos. “No buscamos revancha, sino contribuir a la restitución de los derechos alimentarios de todas las personas y grupos vulnerables”, afirmó Cárdenas.
El DIF también planea una campaña de difusión y concienciación sobre la importancia de cumplir con las pensiones alimenticias y las consecuencias jurídicas de no hacerlo. La inscripción en el registro será una consecuencia del incumplimiento de una pensión alimenticia decretada por los jueces, y solo ellos podrán ordenar dichas inscripciones.
Cárdenas explicó que la inscripción inhabilitará a los deudores morosos en varios aspectos, como obtener licencias de conducir, pasaportes, ocupar cargos públicos o realizar trámites notariales para la compraventa de bienes inmuebles. Además, no podrán salir del país.
La plataforma ofrecerá tres modos de acceso: consulta pública, acceso exclusivo para los Tribunales y acceso para las procuradurías de protección a la niñez. En la consulta pública, cualquier usuario podrá verificar si una persona está inscrita en el registro, visualizando información básica como apellido, RFC, CURP, plazo de pago de la pensión y juzgado que ordenó la inscripción.
También se habilitará un botón para descargar certificados de no inscripción, necesarios para diversos trámites oficiales.
Nuria Fernández resaltó la necesidad de coordinación entre las instancias involucradas, especialmente los jueces, para garantizar la inscripción de los deudores alimentarios. Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Poder Judicial del Estado de México, mencionó que más del 70% de los expedientes en los Tribunales Superiores de Justicia corresponden a materias civil y familiar, lo que resalta la importancia de esta nueva herramienta en la administración de justicia familiar.
Este avance representa un paso significativo en la protección de los derechos alimentarios de la niñez y otros grupos vulnerables, reforzando el compromiso del DIF y del sistema judicial en la lucha contra la morosidad en el pago de pensiones alimentarias.