Por Juan Pablo Ojeda
Este lunes 4 de noviembre, el Congreso de la Ciudad de México avanzó en la defensa de los derechos de las mujeres y personas gestantes al aprobar en comisiones la despenalización del aborto, actualmente sancionado con hasta seis meses de prisión y de 100 a 300 días de servicio comunitario.
La propuesta, que recibió el apoyo de legisladoras impulsoras, generó divisiones entre los legisladores, particularmente entre la oposición. Algunos de ellos argumentaron que la reforma atentaba contra el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Sin embargo, las diputadas promotoras de la reforma enfatizaron que se trata de un avance legislativo crucial para garantizar la salud y autonomía de las mujeres.
“Es hora de cerrar un capítulo de criminalización y dolor y abrir uno nuevo, donde la salud, la autonomía y el respeto sean los pilares fundamentales de nuestra sociedad”, declaró la diputada Cecilia Vadillo Obregón durante la discusión y aprobación del dictamen en las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género.
El dictamen, que ahora pasará al Pleno del Congreso para su análisis y votación, busca eliminar varias disposiciones del Código Penal de la Ciudad de México que contradicen un fallo histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la despenalización del aborto. La reforma deroga artículos que definen el aborto y establecen penas para quienes lo realicen después del tiempo permitido.
En la Ciudad de México, el aborto ha sido legal hasta la semana 12 desde 2007. Si la reforma es aprobada en su totalidad, ya no será sancionado el aborto después de este período, aunque seguirá siendo legal solo hasta la doceava semana de gestación.
De acuerdo con Ipas Latinoamérica y el Caribe, desde 2007 hasta junio de este año, se han realizado 277,268 interrupciones legales del embarazo en la Ciudad de México, beneficiando no solo a residentes de la capital, sino también a personas de otros estados que han acudido a sus instituciones de salud.