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El ministro en retiro Arturo Zaldívar ha abordado los detalles y posibles implicaciones de la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, especialmente en lo que respecta a las temporalidades y posibilidades de reelección para jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación.
En una entrevista con Ciro Gómez Leyva, Zaldívar señaló que la reforma enviada por López Obrador el pasado 5 de febrero permite que todos los integrantes del Poder Judicial participen en elecciones extraordinarias que podrían celebrarse en 2025. Esto incluye la posibilidad de que ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación inicien un nuevo periodo a partir de cero, dependiendo de los resultados electorales.
«En principio, un ministro que esté actualmente en la Corte podría ser reelegido si es electo bajo estos términos», explicó Zaldívar. Este nuevo proceso electoral podría extender la permanencia en el cargo de ministros que están próximos a concluir sus periodos designados.
Respecto a jueces y magistrados, Zaldívar indicó que podrían ser electos para un periodo de nueve años y reelegirse sucesivamente hasta alcanzar la jubilación, siempre que así lo decida la ciudadanía en las elecciones.
El exministro también destacó que el aspecto de la elección directa de ministros es un punto sólido en la reforma propuesta, al igual que la reducción del número de ministros y el ajuste de sus salarios por debajo del del titular del Poder Ejecutivo. Sin embargo, reconoció que otros aspectos aún deben ser discutidos y delimitados para su aprobación final.
En relación con la posible participación de ministros como candidatos en las elecciones del próximo año, Zaldívar mencionó que los señalamientos tanto de López Obrador como de él mismo sobre la actual presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, podrían impactar en la confianza y popularidad necesarias entre los ciudadanos.
Se espera que el próximo 1 de agosto la Comisión de Puntos Constitucionales sesione para preparar el terreno hacia la votación del denominado Plan C, que incluye la reforma al Poder Judicial y al Instituto Nacional Electoral. Posteriormente, esta reforma sería votada en septiembre con la nueva legislatura, marcando un paso significativo en la transformación del sistema judicial mexicano.