Ciudad de México, 23 de agosto de 2023- La Comisión de Bienestar, presidida por la diputada Ana Karina Rojo Pimentel (PT), aprobó con 25 votos a favor y cinco abstenciones, su programa anual de trabajo correspondiente al tercer año de la LXV Legislatura, que incluye como prioridad actualizar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Al respecto, Rojo Pimentel destacó que se han revisado diversos ordenamientos legales competencia de la Comisión, a fin de actualizarlos a la realidad social y jurídica vigente, observando la falta de un techo constitucional de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
“Requerimos que las personas mayores del país tengan un estándar mínimo de derechos”, a través de una reforma constitucional en la materia y dotar de facultades al Congreso de la Unión para emitir la legislación correspondiente, toda vez que el porcentaje de las mujeres en este rango de edad creció 25.3 por ciento y los hombres 17.6 por ciento.
Por ello, la diputada Rojo Pimentel propuso hacer cinco foros regionales en septiembre y octubre próximos para escuchar a la sociedad civil, expertos jurídicos, académicos, al sector salud y a las y los legisladores, con el objetivo de generar y dictaminar un cuerpo normativo que sustituya a la actual en 2024 y sea de las primeras iniciativas a presentarse en el Pleno.
Asimismo, destacó que hace falta ajustar la legislación a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, ratificada por el Senado de la República el 13 de diciembre de 2022.
Diversas voces de la sociedad han planteado la necesidad de que la ley tenga una perspectiva teórica de los derechos humanos, de género, de interculturalidad e interseccionalidad, es decir, tener datos más finos, robustos y desagregados, sobre todo, que la información del Inegi y del Coneval demuestran que la tendencia de la población de personas mayores va en aumento.
De 2018 a 2022 se identificó un crecimiento del grupo poblacional de 60 años y más en el que las mujeres presentan un aumento mayor respecto a los hombres. En México hay más de 18 millones de personas en este rango de edad, es decir, 14 por ciento de la población total.
Por otra parte, la legisladora Rojo Pimentel informó que la Comisión ha logrado un acuerdo con el Colegio Nacional de Notarios de México para iniciar el día 5 del próximo mes la campaña “Septiembre mes del testamento”, con la finalidad de incentivar esta práctica, mediante la instalación de un módulo en las instalaciones de la Cámara de Diputados, a fin de que las y los legisladores apoyen la cultura de previsión, porque sólo el cuatro por ciento de la población lo otorga.
Consideraciones de las y los diputados
Por Morena, el diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros consideró como buena la idea de construir una ley de adultos mayores, propuesta que debió haberse dialogado para presentarla dentro del programa anual, con el fin de definir cómo se van a abordar los demás temas. Pidió consensuar el contenido de dicho programa y dijo que la Comisión tiene más temas pendientes que se deberían contemplar y dictaminar, como los indicadores de los programas sociales relativos a cómo se están evaluando y conocer sus resultados.
Del mismo grupo parlamentario, el diputado Francisco Javier Borrego Adame se sumó a la iniciativa que busca beneficiar a los adultos mayores. Propuso realizar un foro en torno a la propuesta para crear una ley en apoyo a esa población en Coahuila.
Por el PAN, la diputada Erika Díaz Villalón solicitó que se incluya en el plan anual de trabajo de la Comisión una comparecencia de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, para que explique sobre el presunto desvío de 6 mil millones de pesos. Señaló que las y los integrantes debieron conocer con antelación el fondo de la iniciativa sobre los derechos de los adultos mayores y no sólo la Junta Directiva de la Comisión.
Del PRI, la diputada Frinné Azuara Yarzábal pidió que la presidencia de la Comisión dé a conocer esta iniciativa a las y los legisladores, porque es muy interesante. Indicó que a los adultos mayores “les hemos quedado a deber por haberles quitado su seguro médico, sobre todo, porque la mayoría de sus recursos los destinan a la compra de medicamentos y atención médica”. Afirmó que más de 50 millones de mexicanos han quedado sin derecho a la salud y más de 40 millones de recetas dejaron de surtirse.
La diputada del PAN, Ana Teresa Aranda Orozco pidió revisar el acuerdo para la integración de los grupos de trabajo en la Comisión, al argumentar que el PAN debe seguir presidiendo el grupo tres, relativo a la Metodología y la Evaluación de Bienestar en el tercer año legislativo.
Por el PRI, la diputada Nelida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda expresó su respaldo para que se construya la iniciativa de protección al adulto mayor porque hay pendientes al respecto. Refirió el crecimiento en esta población y el decrecimiento en el presupuesto, en virtud de que los recursos no han sido suficientes para restituir los medicamentos y la atención médica que requiere.
Víctor Varela López, diputado de Morena, pidió no descalificar a priori la iniciativa de adultos mayores, por la importancia del tema. Consideró pertinente que esta propuesta se incluya en el plan anual de trabajo.
De la misma fracción parlamentaria, el diputado Javier Huerta Jurado se sumó a la propuesta para abrir un espacio con el fin de dialogar y discutir la ley sobre los derechos de adultos mayores. Expresó su disposición a trabajar por la iniciativa.
De MC, la diputada Amalia García Medina propuso respaldar la realización de los foros a fin de evaluar el contenido de las propuestas que se planten por los especialistas, la sociedad civil y las y los diputados para determinar un formato hacia un consenso y sacar una iniciativa en beneficio de esta población que requiere estas políticas públicas.
Sonia Murillo Manríquez, diputada del PAN, cuestionó el por qué hacer las cosas tan aprisa y al revés, porque la iniciativa sobre los derechos de los adultos mayores se acaba de distribuir y se desconoce. Destacó la conveniencia de que las y los diputados presenten propuestas sobre las temáticas de los foros y de la reforma a la ley.
