Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio un paso significativo en la política energética del país al firmar un decreto que restaura a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como empresas públicas. Esta decisión se produce tras la aprobación de una reforma constitucional en el Congreso, lo que marca un cambio importante en la gestión de estas entidades clave para el país.
Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum destacó que esta reforma es un regreso al carácter público de empresas que “siempre fueron del pueblo de México”. La mandataria celebró la declaración de constitucionalidad de la reforma, que fue enviada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en febrero pasado, y que busca garantizar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación.
La semana pasada, el Senado de la República aprobó la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, que no solo redefine la naturaleza jurídica de Pemex y CFE, sino que también establece que el sistema ferroviario de transporte de carga y pasajeros es una prioridad para el desarrollo nacional. La Cámara de Diputados, por su parte, respaldó la reforma con el apoyo de 24 votos aprobatorios de los congresos estatales.
“Hoy firmamos dos reformas muy importantes”, anunció Sheinbaum, resaltando que el decreto también permite que las vías ferroviarias sean utilizadas para el transporte de pasajeros. Estos cambios buscan, entre otros objetivos, asegurar que los mexicanos tengan acceso a electricidad a precios más bajos y mejorar la infraestructura ferroviaria del país.
Uno de los cambios más relevantes de la reforma es la eliminación del término “empresas productivas del Estado” para ser reemplazado por “empresas públicas del Estado”, lo que refleja un enfoque renovado hacia el manejo de recursos estratégicos. Además, se establece que las funciones del Estado en áreas críticas, como el litio y el servicio de Internet, no constituirán monopolios.
Sin embargo, esta reforma ha generado preocupación en torno a la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en 2026. Este acuerdo prohíbe el trato preferencial a empresas nacionales en detrimento de las privadas, lo que podría llevar a tensiones en las relaciones comerciales entre los países.
En resumen, el decreto firmado por Sheinbaum representa un cambio radical en la política energética de México, devolviendo el control de recursos clave al Estado y reafirmando la importancia de la autosuficiencia energética en el desarrollo del país.
